Entidades empleadoras privadas (empresas y personas trabajadoras autónomas) que contraten, con posterioridad al 3 de abril de 2025, con carácter indefinido inicial a jornada completa, personas desempleadas de colectivos de atención prioritaria (riesgo de exclusión social, desempleadas de larga duración, mayores de 50 años, con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género)